Amenazan demandas penales contra Iván Pérez a Canaco Juárez

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Juárez, Chih.- Dos denuncias penales interpuestas por la asociación civil Plan Estratégico de Juárez ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua han avanzado y están por traer consecuencias a Iván Pérez Ruiz, presidente de Canaco-Juárez, al punto de la posible incautación de sus cuentas bancarias personales y las de sus empresas, para continuar con los análisis periciales correspondientes.

Dichas denuncias tienen que ver con su paso como funcionario público municipal y la asiganción de contratos directos a las empresas Le Grand y Malotti, ambas propiedad de Pérez Ruiz, mpor lo que se presume tráfico de influencias, abuso del servicio público y desvío de recursos o hasta peculado.

Iván Pérez fue denunciado por presuntamente haberse beneficiado, entre 2021 y 2022, con contratos municipales para la compra de productos de limpieza mediante empresas vinculadas a su entorno. Entre los señalamientos aparecen contratos relacionados con Malotti y Le Granel, esta última vinculada públicamente con Iván Pérez. Las operaciones señaladas incluyen montos de $700,000, $444,980.86, $1,841,591.62 y $3,600,000, además de reportes que elevan el monto observado a más de 6.5 millones de pesos y, en otros casos, a más de 10.5 millones de pesos cuando se incluyen contrataciones con el DIF Municipal.

A esa ruta de denuncias por corrupción se sumaron señalamientos más delicados: posibles investigaciones por lavado de dinero y revisión de operaciones financieras. En medios locales se publicó que existirían investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en Ciudad Juárez, derivadas de denuncias presentadas por organizaciones ciudadanas, y que dichas investigaciones podrían derivar en congelamiento de cuentas bancarias. Es decir, el tema dejó de ser únicamente administrativo o político: pasó al terreno financiero, patrimonial y posiblemente penal.

Iván Pérez: denuncias, lavado, ruptura institucional y narrativa de victimización

La historia de Iván Antonio Pérez Ruiz no empieza en CONCANACO SERVYTUR ni con una supuesta defensa de Ciudad Juárez. Antes de presentarse como víctima, ya acumulaba señalamientos públicos por presunta corrupción derivados de su paso como director de Desarrollo Económico del Municipio de Ciudad Juárez.

El señalamiento más fuerte llegó después en la columna “Empresarios y caballos de Troya”, de Raymundo Riva Palacio, publicada el 24 de marzo de 2026. En ella, el periodista advierte sobre una presunta penetración de redes criminales en organismos empresariales y menciona a Iván Antonio Pérez entre los primeros objetivos de inteligencia en Estados Unidos, identificándolo como exdirector de Desarrollo Económico Municipal de Ciudad Juárez y como operador de relaciones empresariales vinculadas a proyectos políticos en Chihuahua.

Riva Palacio plantea que ciertas redes empresariales han funcionado como “caballos de Troya” para abrir espacios al lavado de dinero, identificar vulnerabilidades en los gremios empresariales, influir en cabildeos y buscar posiciones estratégicas como representaciones patronales ante el IMSS e INFONAVIT. Esa referencia es clave porque conecta el antecedente de Iván con el interés posterior por espacios de representación empresarial y de seguridad social.

Después de esos antecedentes, Iván llegó al conflicto interno con CONCANACO SERVYTUR. Su actuación no comenzó como una defensa legítima de Ciudad Juárez ni como una diferencia institucional. De acuerdo con el documento de la Confederación, comenzó con una ruptura: respaldó posturas externas, apoyó al CCE contra los acuerdos de la propia CONCANACO SERVYTUR, difundió mensajes en medios y redes sociales, y participó en una estrategia de confrontación que incluyó insultos, amenazas, descalificaciones y alteración de chats institucionales.

El conflicto se hizo visible entre abril y mayo de 2025, con publicaciones de FECANACO Chihuahua y respaldos de algunas cámaras contra decisiones institucionales de CONCANACO SERVYTUR. Posteriormente, el 11 de junio de 2025, Iván Pérez difundió declaraciones en medios de comunicación. El 12 de junio de 2025, la Confederación aclaró que el procedimiento de Honor y Justicia en su contra se apegaba a la legalidad, bajo el expediente 02/2025/CHJ, derivado de denuncias formales presentadas el 2 de junio de 2025 por presidentes, presidentas, consejeros y consejeras de cámaras afiliadas.

El punto central fue claro: no se le investigó por disentir ni por “defender a Juárez”. Se le investigó por posibles conductas contrarias al marco estatutario: declaraciones públicas contra la imagen de la Confederación, apoyo indebido a organismos externos, uso de plataformas oficiales para generar confrontación interna, omisión de los cauces formales de diálogo, así como insultos, amenazas y descalificaciones en grupos oficiales y redes sociales.

Cuando fue suspendido, Iván intentó instalar una primera versión: que lo habían sancionado por defender a Ciudad Juárez y por buscar una posición en el IMSS. Para él era indispensable evitar que sus actos fueran llamados por su nombre: traición institucional. Por eso buscó convertir un procedimiento estatutario en una supuesta persecución personal.

Esa versión fue desmentida por la propia CONCANACO SERVYTUR. La Confederación precisó que el procedimiento no tenía relación alguna con consejerías del IMSS, sino con denuncias formales sustentadas con pruebas. Además, el Consejo Directivo aprobó la revocación de sus designaciones ante IMSS e INFONAVIT, junto con la de Rogelio Ramos Guevara, y nombró nuevos perfiles para garantizar institucionalidad y adecuada representación del sector en Ciudad Juárez.

Cuando se cayó la narrativa del IMSS, Iván cambió de discurso. Dejó de insistir en que lo perseguían por defender a Juárez y pasó a hablar de estados de cuenta y supuestas irregularidades financieras. Sin embargo, el documento señala que los estados financieros fueron presentados, revisados, auditados y aprobados por los órganos correspondientes de la Confederación, con intervención de la Tesorería, el Oficial de Cumplimiento, dictaminador autorizado y la Asamblea General.

El 23 de febrero de 2026, después de comparecer ante la autoridad ministerial, difundió un video en redes sociales y medios digitales con señalamientos contra CONCANACO SERVYTUR México y su presidente. El documento identifica ese mensaje como un intento de trasladar al terreno mediático una narrativa de victimización, minimizar su situación jurídica personal, desacreditar a la Confederación y generar presión sobre procedimientos que deben resolverse por la vía legal.

Finalmente, cuando ya no pudo sostener la versión del IMSS ni la de una supuesta persecución por defender a Juárez, optó por construir una nueva plataforma política con personas que enfrentaban procedimientos similares: integrantes suspendidos o investigados por conductas relacionadas con la misma lógica de ruptura institucional, confrontación interna y traición a los acuerdos de la Confederación.

La secuencia es clara: primero acumuló denuncias por presunta corrupción vinculadas a contratos municipales; después aparecieron señalamientos sobre lavado de dinero, investigaciones financieras y posibles congelamientos de cuentas; luego fue mencionado por Raymundo Riva Palacio dentro de una alerta sobre empresarios usados como “caballos de Troya”; más tarde rompió la institucionalidad de CONCANACO SERVYTUR; después intentó disfrazar esa conducta como defensa de Ciudad Juárez; usó el tema del IMSS para victimizarse; cuando esa versión se cayó, cambió al discurso de los estados de cuenta; y finalmente buscó organizarse con otros suspendidos por motivos similares.

En síntesis: Iván Pérez no fue sancionado por pensar distinto. Fue sujeto a procedimientos derivados de denuncias formales, sustentadas con pruebas, por actos que habrían dañado la vida institucional de CONCANACO SERVYTUR. Su estrategia ha sido cambiar de discurso cada vez que una versión se agota: de señalado por presunta corrupción a defensor de Juárez; de ahí a perseguido por el IMSS; después a denunciante financiero; luego a víctima mediática; y finalmente a promotor de una organización integrada por quienes enfrentan señalamientos semejantes. Todo para evitar que se nombre lo evidente: una cadena de actos de traición institucional, acompañada de antecedentes públicos de presunta corrupción, posibles investigaciones financieras y señalamientos por lavado de dinero.