Juárez

Busca Justicia Cívica prevenir conflictos y garantizar derechos

  • Por Editora M

Ciudad Juárez.— El nuevo modelo de Justicia Cívica implementado en Ciudad Juárez busca ir más allá de la aplicación de sanciones administrativas y apuesta por la prevención, la solución de conflictos y la protección de los derechos de las personas detenidas por faltas al reglamento municipal.

Durante la presentación del tema, Alberto Bravo Ramírez, fiscal cívico adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, explicó que uno de los principales objetivos es que la ciudadanía conozca cuáles son las conductas consideradas faltas administrativas, sus consecuencias y las alternativas existentes para evitar que estas acciones escalen hasta convertirse en delitos.

El modelo contempla una estructura tripartita, integrada por fiscales cívicos, jueces cívicos y defensores cívicos. 

Estos últimos tienen la responsabilidad de brindar asesoría y representación técnica a las personas detenidas, con el propósito de que los procedimientos se desarrollen con apego a los derechos humanos.

De acuerdo con la explicación de Santiago González, los defensores cívicos constituyen una figura fundamental dentro del nuevo esquema, ya que acompañan al ciudadano durante la audiencia ante el juez y pueden intervenir cuando una persona considera que la aplicación de una falta fue injusta o irregular.

El municipio cuenta con aproximadamente 20 abogados defensores cívicos, cuya intervención se asigna por defecto a las personas detenidas, aunque estas pueden optar por contratar una defensa particular.
Entre sus funciones se encuentra explicar los derechos del detenido, las posibles consecuencias de la conducta atribuida, acompañarlo durante el procedimiento y, cuando existan elementos para ello, promover aclaraciones o recursos ante el juez cívico. 

En casos donde se adviertan posibles abusos de autoridad, también pueden dar vista a las instancias competentes, particularmente organismos de derechos humanos.

Faltas administrativas y convivencia

Durante la exposición se detallaron distintas categorías de faltas administrativas contempladas por el reglamento municipal.

Dentro de la clasificación B se encuentran conductas como ingresar sin autorización a lugares de acceso controlado, realizar fogatas, tirar o quemar basura, así como incumplir disposiciones relacionadas con animales en espacios públicos y la recolección de heces de mascotas.
Otra clasificación B contempla alrededor de 28 conductas, entre ellas provocar escándalos mediante riñas, consumir estupefacientes en la vía pública, ingerir bebidas embriagantes y trepar bardas o cercas sin autorización del propietario.

En la clasificación C se incluyen conductas como realizar llamados o solicitudes a las autoridades con fines ociosos, impedir que agentes municipales o cuerpos de emergencia desarrollen sus funciones y agredir a agentes u otras autoridades.

Las autoridades insistieron en que el propósito del sistema no es únicamente castigar, sino modificar conductas, prevenir reincidencias y resolver conflictos antes de que alcancen una dimensión delictiva.

Ebriedad al volante, una de las conductas de mayor riesgo

Entre las conductas consideradas de mayor gravedad se encuentra conducir vehículos bajo los efectos del alcohol. 

El sistema contempla tres grados de ebriedad y establece diferentes periodos de arresto dependiendo de la condición determinada.

Durante la explicación se señalaron rangos correspondientes al primer, segundo y tercer grado de ebriedad, con arrestos que pueden ir de 18 a 24 horas para el primer grado, de 24 a 30 horas para el segundo y de 30 a 36 horas para el tercero.

En el caso de conductores de plataformas, se explicó que la condición de ebriedad puede derivar en un arresto de entre 30 y 36 horas. 
También se contemplan disposiciones para quienes operen vehículos bajo los efectos de estupefacientes.

*Más de 3 mil detenciones por distintas faltas y grados de ebriedad*
Las cifras correspondientes al periodo de enero a junio del presente año muestran la dimensión de las conductas que son atendidas mediante el sistema de Justicia Cívica.
En ese periodo se registraron; 966 detenciones por causar escándalos.
384 por faltar al respeto a un integrante de la familia.
242 por atentar contra la dignidad de una persona, incluidas autoridades.
238 por alterar el orden público.
982 detenidos por ebriedad en primer grado.
372 detenidos por ebriedad en segundo grado.
144 detenidos por ebriedad en tercer grado.
Las autoridades señalaron que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y educativas, particularmente entre jóvenes y estudiantes, para que conozcan las consecuencias de determinadas conductas y comprendan que la reincidencia puede generar consecuencias mayores.
Prevenir antes de sancionar
El modelo de Justicia Cívica plantea que problemas cotidianos como el consumo excesivo de alcohol, el ruido, las riñas y los conflictos vecinales deben atenderse mediante mecanismos que permitan recuperar la convivencia social.
La premisa es que una falta administrativa no necesariamente debe convertirse en un delito si existe una intervención oportuna, acompañamiento institucional y alternativas para modificar la conducta.
Por ello, el sistema incorpora una visión de prevención, educación, resolución de conflictos y reinserción social, además de las sanciones establecidas por la normatividad.
Las autoridades municipales han subrayado que la construcción de una convivencia responsable no depende exclusivamente de los cuerpos de seguridad, sino también de la participación ciudadana y del conocimiento de las reglas que rigen la vida comunitaria.
En este contexto, la figura de los defensores cívicos adquiere especial relevancia, al representar un mecanismo para equilibrar la actuación de la autoridad y garantizar que las personas sometidas a un procedimiento conozcan y ejerzan sus derechos.
El reto, coincidieron los participantes, es que la Justicia Cívica se convierta en una herramienta efectiva para resolver conflictos antes de que se transformen en delitos, reducir la reincidencia y fortalecer una cultura de respeto, prevención y convivencia en Ciudad Juárez.

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