Incertidumbre en transporte del Valle desata inconformidad

Ciudad Juárez.- La continuidad del nuevo servicio de transporte público en el Valle de Juárez se encuentra en medio de la incertidumbre, situación que ha generado inconformidad entre habitantes de diversas comunidades, quienes denunciaron que trabas administrativas y decisiones de la autoridad están afectando su derecho a la movilidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Museo de San Agustín, pobladores de localidades como El Porvenir, Praxedis G. Guerrero, San Agustín y zonas aledañas señalaron que el servicio de transporte es una necesidad urgente, debido a los largos trayectos que deben recorrer diariamente para acceder a empleos, centros educativos y servicios de salud en la mancha urbana de Ciudad Juárez.

Entre los participantes se encontraban Alejandro “Mono” González, habitante de la comunidad Doctor Porfirio Parra, conocida como “Caseta”; Javier Torres, presidente seccional de El Porvenir; así como líderes sociales y docentes como el profesor Leobardo García, Leo de la Rosa, Georgina Gamboa y Ernesto Robles. 

Todos coincidieron en que la problemática ha dejado de ser un asunto administrativo para convertirse en un tema de impacto social.

El conflicto se intensificó tras el arranque de operaciones de la ruta que conecta El Porvenir con el centro de la ciudad. 

Según lo expuesto, una unidad fue retirada por personal de transporte bajo el argumento de no contar con autorización para circular en el primer cuadro, lo que derivó en sanciones, retiro de placas y el envío del vehículo al corralón.

De acuerdo con los habitantes, el concesionario informó que las unidades cuentan con concesión vigente hasta el año 2027; sin embargo, el permiso específico de reactivación aún se encontraba en proceso, a pesar de haber sido solicitado con anticipación.

Esta diferencia entre concesión y autorización operativa generó un conflicto de interpretación que terminó impactando directamente a los usuarios.

En este contexto, representantes del Valle señalaron que la actuación de la autoridad estatal ha sido percibida como un obstáculo para la reactivación del servicio, al priorizar procesos administrativos sobre la necesidad inmediata de movilidad en la región.

Asimismo, subrayaron que el movimiento ciudadano no tiene relación con la empresa operadora, sino que responde a una demanda social legítima ante la limitada cobertura histórica del transporte público en la zona.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades competentes para integrarse al proceso de regularización del servicio, resolver las diferencias con la empresa concesionaria y evitar afectaciones a miles de habitantes que dependen del transporte para su vida diaria. 

La exigencia central, insistieron, es garantizar el derecho a la movilidad sin retrasos ni condicionantes administrativas.