Totalizan 383 los muertos que no fueron incinerados

La tragedia del crematorio saturado en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- La cifra final ; 383 cadáveres fueron encontrados almacenados dentro de un crematorio con permiso legal de operación, ubicado en las calles Querétaro y Chihuahua de la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez. 
Los cuerpos, que debieron ser incinerados conforme al servicio contratado por sus familias, terminaron apilados durante semanas, algunos incluso con la ropa con la que fueron velados.
Hoy, uno a uno, están siendo colocados en una caja de tráiler refrigerada. Su destino ya no será el fuego, sino la inhumación digna, según lo han dispuesto las autoridades estatales.

"Es un hecho inédito, sin precedentes en la historia del estado”, declaró con firmeza el fiscal general del Estado, César Jáuregui, en entrevista telefónica.

Confirmó que dos personas se encuentran detenidas; el propietario de la empresa crematoria y un empleado. 
Ambos son los únicos señalados como responsables jurídicos por el abandono masivo de cuerpos.
La alerta surgió el viernes pasado, cuando un ciudadano reportó a la Policía Municipal un olor fétido proveniente del interior de una carroza estacionada en el patio del crematorio. 
Lo que encontraron los agentes fue mucho más que un indicio; centenas de cuerpos acumulados, muchos de ellos embalsamados, pero jamás cremados.
El establecimiento operaba con permisos sanitarios vigentes, según la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris). 
Sin embargo, no contaba con cámaras de refrigeración, ni con personal suficiente. 
Solo dos personas —los ahora detenidos— manejaban la operación completa del sitio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) iniciaron un proceso de registro e identificación. 
Cada cuerpo es documentado de forma individual, con cotejo de datos contra los registros de salida de Semefo, donde consta que fueron entregados a funerarias con trámite legal para su incineración.
Hasta ahora, se han trasladado al tráiler refrigerado, 167 cadáveres de hombres, 105 de mujeres y 16 de sexo indeterminado.
Aún faltan por subir 95 cuerpos más, lo que completará el total de 383.

¿Negligencia, fraude o saturación?
El fiscal Jáuregui explicó que no hay indicios de muerte violenta en ninguno de los cuerpos. 
Todos fueron embalsamados y la gran mayoría identificados. 
Pero el hecho de no haber cumplido con la cremación, pese a tener la documentación y el pago, abre posibles delitos por fraude, abandono de cadáveres y omisiones sanitarias.
“No se trata de una fosa clandestina, pero sí de un incumplimiento grave del servicio contratado. 
Es un acto de indignidad hacia las familias y hacia los propios fallecidos”, señaló Jáuregui.
La explicación preliminar de las autoridades es que el crematorio sufrió una saturación progresiva de trabajo. 
La infraestructura y la capacidad del horno fueron rebasadas. 
Aun así, el establecimiento siguió aceptando cuerpos sin notificar a las funerarias ni a las familias del retraso o imposibilidad de cremarlos.
El vocero de la Fiscalía, Eloy García Tarín, confirmó que se investiga también a las funerarias, pues estas eran las que contrataban directamente con el crematorio. 
Se analizará si hubo omisión, complicidad o engaño a las familias de los difuntos.

Un sistema rebasado
La situación también ha revelado una crisis silenciosa en el sistema funerario de Ciudad Juárez. 
En toda la ciudad operan solo ocho crematorios autorizados que dan servicio a 66 funerarias. 
En lo que va del año, se han emitido más de 2,100 permisos de cremación por causas naturales, cifra que evidencia la alta demanda y la presión sobre el sistema.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Ciudad Juárez registra un promedio de 20 defunciones diarias, lo que pone en jaque la capacidad de respuesta de los servicios mortuorios. 
El caso del crematorio saturado pone el dedo en la llaga sobre la falta de vigilancia y supervisión periódica en este tipo de establecimientos.

Dignidad y destino final
Debido al estado de los cuerpos —embalsamados, algunos conservados por semanas—, las autoridades han optado por inhumar los restos, pues mantenerlos en refrigeración de forma indefinida resultaría inviable tanto sanitaria como humanamente.
“Vamos a garantizar que cada persona tenga un destino final digno, aunque sus familiares hayan pagado por una cremación que nunca se realizó”, insistió el fiscal general.
Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por parte de los familiares, pero la Fiscalía ya ha solicitado a las funerarias y autoridades sanitarias toda la documentación de los contratos y permisos relacionados con los cuerpos.
Este caso marca un antes y un después. 
Aunque no se trata de una tragedia violenta, sí revela una tragedia institucional y ética; el colapso de un servicio esencial que —por negligencia, saturación o falta de control— dejó en el abandono a 383 personas en su tránsito final.
“Este hecho nos obliga a revisar a fondo los protocolos, las capacidades y las responsabilidades en todo el sistema funerario del estado. 
Porque no se puede permitir que la muerte también quede en espera”, concluyó Jáuregui.