Ampara Justicia federal a jueza que denunció red de corrupción en el Poder Judicial

Chihuahua.-Un Juzgado de Distrito concedió una suspensión de plano a la jueza de control Bertha Lucero Garfio Guzmán dentro del juicio de amparo 1720/2026, una medida cautelar inmediata que frena de forma contundente el acoso institucional, los procedimientos disciplinarios represivos y las amenazas de detención arbitraria dirigidas en su contra por oponerse a una presunta red de corrupción en el Estado de Chihuahua.

La jueza Garfio Guzmán señaló directamente como operarios de este esquema de adjudicación dirigida al Magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia que presuntamente mantiene contubernio con bufetes jurídicos particulares para direccionar casos estratégicos mediante presiones y extorsiones a los juzgadores de primera instancia.

De acuerdo con el expediente, la juzgadora fue víctima de coacciones físicas y psicológicas, durante el mes de mayo de 2026, incluyendo el retiro forzado de su teléfono celular para ser incomunicada y conducida a una reunión donde se le exigió alinearse a instrucciones institucionales bajo la amenaza de ser removida de su cargo y adscrita a un Tribunal de Enjuiciamiento.

Ante su negativa a formar parte de la red ilícita, el Órgano de Administración del Poder Judicial de la entidad, bajo la conducción de su Presidenta, Karla Esmeralda Reyes Orozco, así como el Pleno del Tribunal de Disciplina, iniciaron tratos discriminatorios y carpetas de responsabilidad administrativa como medida de castigo, provocándole afectaciones psíquicas severas que requirieron tratamiento médico especializado debido al persistente hostigamiento laboral.

Finalmente, la resolución federal ordena notificar de manera urgente a la totalidad de las magistraturas de las salas penales del estado, a la Dirección de Gestión Judicial del Distrito Morelos y a los comités éticos y de derechos humanos del propio Poder Judicial, obligándolos a suspender de inmediato cualquier acto de represalia, acoso o intento de neutralización que atente contra la vida, la libertad y la independencia judicial de la quejosa.