Buscan incluir la violencia vicaria en ley estatal para proteger a madres e hijos
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Chihuahua.- En un esfuerzo crucial para actualizar el marco jurídico estatal y reconocer una de las formas de agresión de género más devastadoras, la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La propuesta busca incluir explícitamente la violencia vicaria como un tipo de agresión que debe ser prevenida, sancionada y erradicada.
En su exposición de motivos, la legisladora enfatizó que a pesar de los avances en materia de género —como la tipificación de la violencia familiar y la promulgación de la Ley Estatal de 2007—, los agresores han desarrollado "nuevas formas de control, castigo y sometimiento."
"La violencia vicaria, es una forma de violencia de género en la que mayormente utilizan a las hijas e hijos de las víctimas, quienes son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres," se lee en el documento, citando a la psicóloga Sonia Vaccaro, quien acuñó el término.
La iniciativa subraya la urgencia de esta reforma citando datos alarmantes, el frente nacional contra la violencia vicaria ha registrado cerca de dos mil casos en Chihuahua tan solo en 2024, según la diputada Márquez Nolasco, la falta de un marco normativo adecuado ha dejado a estos casos estancados en tribunales, impidiendo que las autoridades actúen de manera oportuna y vulnerando gravemente los derechos de las mujeres y las infancias.
La propuesta legislativa responde a casos dolorosos en el estado, como el de las dos menores encontradas sin vida junto a su padre en Parral, cuya madre había advertido sobre la violencia del agresor sin recibir protección efectiva.
"Este crimen no puede entenderse como un hecho aislado. Es un reflejo de un sistema que no reconoce ni actúa frente a las dinámicas de control, castigo y poder que caracterizan a la violencia vicaria," señala la exposición de motivos.
La reforma al Artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia propone añadir una nueva fracción para definir la violencia vicaria:
VII. Violencia vicaria: Es cualquier acto u omisión cometido por el cónyuge, concubino o el hombre que mantenga o haya mantenido una relación de hecho, noviazgo, o cualquier otra relación sentimental, que por medio de violencia de género o ejercicios de poder, le cause daño o perjuicio a una mujer, utilizando como medio a las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas o ser sintiente significativo para ella.
El proyecto de decreto detalla una lista de conductas recurrentes que manifiestan esta agresión, incluyendo:
- Amenazar con causar daño, ocultar, retener o sustraer a las hijas y/o hijos.
- Utilizar a los menores para obtener información de la madre o manipularlos en su contra (provocando rechazo, rencor o temor).
- Promover, incitar o fomentar actos de violencia física o psicológica que afecten el vínculo materno filial.
- Interponer acciones legales falsas para obtener la guarda y custodia o la pérdida de la patria potestad.
- Condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias para forzar a la madre a renunciar a la custodia.
La legisladora destaca que la iniciativa no busca "criminalizar a los hombres," sino alinear la legislación estatal con los más altos estándares nacionales e internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha reconocido la violencia vicaria como una manifestación de violencia de género, reafirmando que una protección especial a las mujeres es una medida justificada y necesaria ante una realidad estructural de desigualdad.
Además, la reforma cumple con la obligación que impone la Convención de Belém do Pará, la cual exige a los estados incorporar en su legislación todas las normas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La iniciativa, sometida ya a la consideración de la Asamblea Legislativa, busca saldar una "deuda histórica" con las víctimas y dotar a las autoridades de las herramientas jurídicas para nombrar, identificar y actuar eficazmente contra esta forma de violencia.
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