Aumenta hackeo a Bienestar desconfianza ante el registro telefónico

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México.- Luego de los recientes ataques de hackeo que las dependencias gubernamentales sufrieron exponiendo los datos de millones de usuarios, la desconfianza de la gente a entregar sus datos a las compañías telefónicas por el registro forzoso se ha incrementado. Apenas la semana pasada, el viernes 29 de mayo, la base de datos de los programas del Bienestar fue hackeada exponiendo información sensible de los usuarios, tan solo un día después del hackeo a dependencias federales como la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde también se comprometieron registros de funcionarios de Conagua, SRE y Segob.

A pesar de la gravedad y de que especialistas en seguridad informática, como el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, comprobaron que los ciberdelincuentes publicaron expedientes completos con fotografías, credenciales de elector, CURP, RFC y cuentas bancarias de al menos 500 beneficiarios, el Gobierno Federal minimizó y negó la ocurrencia de un hackeo masivo. A través de una tarjeta informativa, la Agencia de Transformación Digital justificó el incidente señalando que se trató únicamente de un "ingreso no autorizado" mediante el uso de usuarios y contraseñas previamente comprometidas, afectando de forma exclusiva a 207 registros administrativos del programa "La Escuela es Nuestra".

Sin embargo, los hackers documentaron el proceso paso a paso e inundaron foros abiertos y grupos de ciberdelincuentes con la información extraída, lo que evidenció una recurrente debilidad en la seguridad digital oficial y desató el pánico de la población ante la posibilidad de ser víctimas de delitos financieros o ingeniería social. Esta ola de desconfianza impactó de manera directa en el avance del padrón telefónico obligatorio, el cual registró apenas un 33% de cumplimiento debido a la resistencia de los usuarios a entregar sus datos personales tras antecedentes de filtraciones previas en empresas como Telcel.

Al respecto, la incertidumbre social se agudizó debido a que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones insistió en aplicar una desconexión masiva de líneas e interponer multas a las operadoras que no cumplan, en medio de una normativa confusa que no dejó claro si la obligación abarca solo a las líneas de prepago o también a las de postpago. Esta falta de claridad propició que las empresas telefónicas ejecutaran registros automáticos sin el consentimiento de las personas, incrementando el desconocimiento de los usuarios sobre su estatus real en el sistema.

Finalmente, mientras el temor ciudadano continuó al alza por el riesgo de que su información privada quede expuesta en la red, las dependencias federales se limitaron a asegurar que sus protocolos de ciberseguridad permitieron frenar la vulnerabilidad y que se iniciaron las indagatorias correspondientes en coordinación con la Secretaría de Bienestar para fortalecer el sistema.