Ciudad Juárez.- El juicio oral por terrorismo derivado de los ataques registrados durante el denominado “Jueves Negro” entró en una etapa de alta tensión procesal, luego de que la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alanís emitiera reiterados llamados al orden tanto a la defensa como al Ministerio Público por la forma en que se han desarrollado los interrogatorios.
Tras el receso del fin de semana, este lunes 20 de julio se reanudan las audiencias con la continuación del desahogo de pruebas y testimonios.
Durante las tres primeras jornadas del juicio oral 8/2023, que se sigue en contra de Juan Carlos V. y Jorge Antonio C.B., los constantes intercambios entre fiscales y abogados defensores han provocado interrupciones, debates procesales y suspensiones momentáneas de las diligencias, obligando a la juzgadora a intervenir en repetidas ocasiones para restablecer el orden en la sala.
El episodio más reciente ocurrió durante el interrogatorio de uno de los testigos, cuando el abogado defensor Francisco Rafael Menes Meraz interrumpió nuevamente una respuesta antes de que el compareciente concluyera su declaración.
Ante ello, la jueza advirtió de manera enérgica:
"Van varias veces que desestabiliza el orden, abogado. Cuando haga una pregunta, deje que conteste."
Minutos después decretó un receso, ordenó desalojar temporalmente la sala y exhortó a todas las partes a mantener el respeto y la disciplina durante el desarrollo del juicio.
Mientras se efectuaba la pausa, desde el exterior de la sala se escuchó un intercambio verbal entre integrantes de la defensa y la Fiscalía.
La defensa expresó que "esto parece un circo", a lo que el fiscal Daniel Bohórquez Calvo respondió:
"No es un circo, tómelo como quiera."
La jueza intervino nuevamente para poner fin a la discusión.
"No estoy debatiendo, no nos vamos a pelear."
Posteriormente la audiencia fue reanudada.
Tres días marcados por las objeciones
Los desacuerdos entre ambas partes comenzaron desde la apertura del juicio, cuando la jueza llamó la atención a integrantes de la defensa por conversar y reír durante el inicio de la audiencia, recordándoles que se trataba de un acto solemne.
Ese mismo día surgió la primera controversia durante la declaración del especialista en Informática Forense y Análisis Digital de la Fiscalía, Marcos Abraham González Guzmán, quien presentó un mapa con la reconstrucción de los hechos ocurridos el 11 y 12 de agosto de 2022.
La Fiscalía pretendía utilizar dicho material como apoyo visual durante el interrogatorio; sin embargo, la defensa objetó al argumentar que el documento no había sido incorporado formalmente como medio de prueba y que su utilización podría constituir un ejercicio procesal indebido.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza autorizó únicamente su uso con fines ilustrativos.
No obstante, las objeciones continuaron durante buena parte del interrogatorio, obligando al Ministerio Público a recorrer uno por uno los eventos contenidos en el mapa mediante ejercicios de refresco de memoria, lo que prolongó considerablemente la comparecencia.
Conforme avanzó el interrogatorio, la defensa insistió en que el testigo realizaba lecturas constantes de documentos, recordando que el procedimiento corresponde a un juicio oral.
El fiscal Daniel Bohórquez respondió que el tiempo no representaba un inconveniente y manifestó que podrían permanecer toda la jornada si fuera necesario, llegando incluso a señalar en varias ocasiones que él se estaba "divirtiendo".
La tensión volvió a incrementarse durante la declaración del custodio Jesús Alberto Peralta, quien laboraba en el Cereso Estatal número 3 cuando ocurrió el motín del 11 de agosto de 2022.
Mientras la Fiscalía buscaba establecer la distribución de los grupos criminales dentro del penal, la defensa presentó múltiples objeciones por considerar sugestivas diversas preguntas.
Posteriormente, durante el contrainterrogatorio, fue el Ministerio Público quien comenzó a objetar las preguntas formuladas por la defensa al calificarlas de reiterativas.
El abogado Menes Meraz respondió que interrogatorios similares habían sido permitidos previamente a la Fiscalía.
La jueza aclaró entonces que la reiteración, por sí sola, no constituye una causal suficiente para objetar una pregunta, además de reiterar el llamado al defensor para permitir que los testigos terminaran de responder antes de formular nuevos cuestionamientos.
Nueva controversia por documentos
Durante la tercera jornada, la discusión se trasladó al testimonio de la agente investigadora de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Paola Ferniza Esquivel, quien declaró sobre las diligencias relacionadas con el incendio registrado en una tienda Rapiditos Bip Bip.
La Fiscalía intentó refrescar la memoria de la testigo mediante un acta elaborada por policías municipales e incorporada como anexo a su informe.
La defensa objetó el procedimiento al señalar que el documento no había sido elaborado por la propia agente, quien reconoció durante la audiencia que no era de su autoría.
Para evitar que la testigo permaneciera durante el debate jurídico, la jueza ordenó que abandonara temporalmente la sala mientras resolvía las objeciones.
En ese momento volvió a llamar al orden a las partes, señalando que ya transcurrían tres días de audiencia y que había tenido que intervenir en diversas ocasiones para mantener la disciplina procesal.
Más adelante surgió otra diferencia cuando la Fiscalía solicitó exhibir una serie fotográfica relacionada con los hechos investigados.
Continúa el desahogo de pruebas
Hasta antes del receso de fin de semana, la Fiscalía había logrado presentar el testimonio de 33 de los 132 testigos contemplados en su teoría del caso, por lo que aún resta una parte importante del desahogo probatorio.
Las audiencias se reanudan este lunes con la expectativa de continuar la presentación de evidencia y testimonios relacionados con los ataques registrados el 11 de agosto de 2022, hechos conocidos como el "Jueves Negro", cuando una serie de actos violentos en Ciudad Juárez dejó víctimas mortales, incendios de comercios y una amplia movilización de las corporaciones de seguridad.
El desarrollo del juicio ha estado marcado no sólo por la complejidad de las pruebas que busca presentar la Fiscalía, sino también por las constantes controversias procesales entre las partes, situación que ha obligado a la jueza a intervenir de forma reiterada para garantizar el orden, la legalidad y el correcto desarrollo del procedimiento judicial.