Juárez

Escala confrontación en el Cabildo por participación remota de regidores

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Escala confrontación en el Cabildo por participación remota de regidores

Ciudad Juárez.- La discusión sobre la asistencia de regidores a comisiones mediante videollamadas escaló a un enfrentamiento político de alto voltaje en el Cabildo de Ciudad Juárez, luego de que el regidor del PAN, Alejandro Jiménez Vargas, exigiera públicamente que los ediles acudan físicamente a sus responsabilidades y se elimine la modalidad remota en sesiones y reuniones de comisión.

El señalamiento encendió el debate al advertir que no debería permitirse que representantes populares cumplan sus funciones a distancia. 

Incluso, hizo referencia a que uno de los regidores reside en El Paso, Texas, y que según su postura no acude presencialmente a trabajar, situación que calificó como inaceptable para quien ostenta una representación ciudadana.

En respuesta, el secretario del Ayuntamiento salió en defensa de los integrantes del órgano colegiado y sostuvo que la asistencia mediante videollamada está contemplada en el marco normativo vigente. Subrayó que el mecanismo no constituye una excepción ni una irregularidad, sino una posibilidad prevista en el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, el cual permite la participación virtual tanto en sesiones ordinarias como en reuniones de comisión.

El funcionario fue enfático al señalar que cualquier intento por modificar el esquema actual debe tramitarse mediante una reforma formal al reglamento, facultad que corresponde a los propios regidores. 

Añadió que el modelo híbrido también se aplica en el Congreso del Estado de Chihuahua y en otros órganos colegiados del país.

Sobre el cumplimiento de obligaciones, el secretario precisó que la dependencia a su cargo mantiene un control detallado de asistencias, justificaciones y desempeño de cada edil. Aseguró que, hasta el momento, no se han aplicado sanciones debido a que no se han registrado faltas injustificadas ni ausencias a las oficinas asignadas.

Respecto al artículo 41 del reglamento interno que establece que las y los regidores deben presentarse físicamente a su espacio de trabajo de manera diaria, argumentó que la labor edilicia no se limita a permanecer en oficina. 

Explicó que muchas comisiones desarrollan actividades en campo, particularmente en áreas como Obras Públicas, donde se realizan inspecciones, revisiones técnicas y supervisiones en distintos puntos de la ciudad.

Añadió que los regidores también atienden representaciones oficiales y eventos organizados por el propio Ayuntamiento, así como actividades convocadas por el Gobierno del Estado o instancias federales, lo que implica desplazamientos fuera del edificio municipal. 

Bajo esa lógica, sostuvo que la presencia física en oficina no excluye la posibilidad de cumplir funciones en otros espacios o mediante herramientas tecnológicas autorizadas.

El secretario marcó una diferencia entre participar en sesiones a través de los medios permitidos por el reglamento y ausentarse sin justificación. 

Reiteró que cuando se considera indispensable la presencia física, se emite el exhorto correspondiente y los ediles acuden.

Además, lanzó un mensaje político al señalar que si algún regidor pretende modificar la dinámica de trabajo, deberá presentar la iniciativa de reforma correspondiente y seguir el procedimiento institucional. 

Indicó que las facultades administrativas para llevar el control de asistencias y aplicar medidas disciplinarias recaen en la Secretaría del Ayuntamiento, no en declaraciones mediáticas.

La confrontación revive un tema sensible en la administración pública local: la percepción ciudadana sobre el cumplimiento presencial de los cargos de elección popular. 

Aunque la modalidad híbrida se consolidó tras los ajustes implementados durante la pandemia, su permanencia ha generado cuestionamientos en distintos municipios del país.

Mientras la oposición insiste en endurecer las reglas de presencialidad, la Secretaría del Ayuntamiento sostiene que el Cabildo opera conforme a derecho y que no existe incumplimiento que amerite sanción. 

Por ahora, la controversia coloca bajo escrutinio la dinámica interna del órgano municipal y abre la puerta a una posible reforma reglamentaria si el debate trasciende del intercambio de declaraciones públicas a una propuesta formal.