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Analiza Estado propuesta de migrar transporte a gas o electricidad

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Chihuahua.- Ante la reciente propuesta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de migrar las unidades del transporte público urbano hacia el uso de gas natural o energía eléctrica, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, manifestó que, aunque la medida es factible en teoría, requiere un análisis profundo que trascienda la coyuntura del mercado de combustibles.

La iniciativa del sector comercial surge como respuesta a la escalada en los precios del diésel, situación que ha llevado a diversos concesionarios a expresar que la prestación del servicio ha dejado de ser redituable bajo los costos operativos actuales. 

Al respecto, el funcionario estatal reconoció el nerviosismo que impera en el sector debido a la fluctuación de los precios, los cuales han presionado las finanzas de quienes operan las rutas en la capital y el resto de la entidad.
De la Peña Grajeda señaló que, hasta el momento, no cuenta con un fundamento técnico detallado sobre la apreciación específica de la cámara, por lo que subrayó la necesidad de entablar mesas de trabajo con los representantes de CANACO para evaluar los alcances de su planteamiento.

No obstante, advirtió que las decisiones gubernamentales en materia de movilidad no pueden tomarse de forma reactiva basándose únicamente en las variaciones temporales del mercado internacional de energía.

El secretario enfatizó que una transición de esta naturaleza implica riesgos que deben ponderarse con rigor técnico, explicó que realizar una inversión para cambiar a gas natural no garantiza una solución definitiva, ya que, ante un eventual incremento en el precio de dicho insumo, el sistema no podría regresar de manera inmediata al uso de diésel. 

En este sentido, consideró que las consideraciones para adoptar un cambio de matriz energética en el transporte deben ser analizadas con mayor anticipación y visión de largo plazo.

Finalmente, el funcionario reiteró que el compromiso del Estado es garantizar la operatividad del servicio, pero insistió en que cualquier ajuste o cambio tecnológico debe asegurar primero la estabilidad para los usuarios y la viabilidad técnica antes de concretarse únicamente por la presión económica del momento.