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Buscan acompañamiento psicológico, jurídico y laboral para víctimas de violencia

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Chihuahua.- En un esfuerzo que ha trascendido las barreras partidistas, se envió al congreso de la unión la iniciativa con carácter de decreto para la atención integral postviolencia para mujeres sobrevivientes, la cual busca reformar la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para garantizar un acompañamiento institucional sostenido a quienes egresan de refugios y albergues.

Presentada por la diputada Nancy Janeth Frías Frías del PAN, junto con legisladoras de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo Lerma y el Partido del Trabajo, Irlanda Márquez, la propuesta es clara y contundente, establecer la obligación de ofrecer acompañamiento psicológico, jurídico y laboral gratuito y continuo durante al menos doce meses a las mujeres que, tras sobrevivir a la violencia, inician su proceso de reintegración social y económica.

La iniciativa, surgida de la experiencia y el liderazgo en políticas de género del estado de Chihuahua, busca llenar un vacío legal que, hasta ahora, deja a muchas mujeres sin apoyo en la etapa más crítica de su recuperación.

En la exposición de motivos, las legisladoras citaron la convicción de que la violencia no termina cuando una mujer escapa; termina cuando logra vivir sin miedo.

"Actualmente, la ley cubre la protección y atención de emergencia en los refugios, pero no contempla el seguimiento posterior. cifras de la red nacional de refugios señalan que 68% de las mujeres egresadas no recibe apoyo psicológico o jurídico al salir, y una de cada cuatro regresa con su agresor por falta de redes de apoyo y autonomía económica".

La propuesta es adicionar un capítulo VI Bis a la ley general de acceso para obligar a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a garantizar la atención integral postviolencia.

Los Servicios Clave:

- Acompañamiento Psicológico: Para procesar el trauma y romper el ciclo de dependencia.
- Asesoría Jurídica Gratuita: Para evitar la revictimización en procesos legales que suelen ser largos.
- Apoyo para Inserción Laboral o Educativa: Considerado el pilar más transformador, ya que la independencia económica reduce significativamente la probabilidad de reincidencia.

La presentación de esta iniciativa destaca por su carácter multipartidista, uniendo a las diputadas Nancy Frías y Joceline Vega (PAN), Alma Portillo (Movimiento Ciudadano) e Irlanda Márquez (Partido del Trabajo), alianza que enfatiza la protección y dignidad de las mujeres es una causa nacional que debe estar por encima de los intereses políticos.
Las proponentes señalaron que la propuesta no busca crear nuevas estructuras ni exigir recursos extraordinarios, sino optimizar y vincular los programas ya existentes (como los Centros de Justicia, el Sistema DIF y los refugios) bajo un mandato legal que los unifique.
"Me enseñaron que podía levantarme, pero cuando salí, sentí que me faltaba suelo." — Testimonio de una sobreviviente en Chihuahua citado en la exposición de motivos.

La iniciativa se fundamenta no solo en la realidad social, sino también en el marco constitucional e internacional de México:

- Constitución Política: Responde al mandato del Artículo 1º de progresividad y garantía de derechos humanos y del Artículo 4º sobre la igualdad sustantiva, la cual no se logra solo con rescates, sino con oportunidades e independencia.
- Jurisprudencia: Atiende la obligación de debida diligencia reforzada, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implica una respuesta integral y sostenida, no solo de emergencia.
- Mandato Internacional: Da cumplimiento directo a las obligaciones derivadas del caso "Campo Algodonero" (CIDH) y de las Recomendaciones Generales de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), que exigen mecanismos de reintegración social y económica para las víctimas.

Al institucionalizar el seguimiento postviolencia, las legisladoras buscan que "el acompañamiento no sea temporal, sino sostenido, integral y reparador", asegurando que el derecho a rehacer la vida no dependa del código postal, sino de una política de estado coordinada.