Chihuahua.- El caso de Manuela mujer rarámuri de la comunidad de Agótare, expone las profundas fallas del sistema judicial cuando se trata de mujeres indígenas víctimas de violencia.
Durante más de tres décadas sufrió agresiones extremas por parte de su pareja, incluso una que le dejó una cicatriz en el rostro tras ser atacada con un machete.
En un episodio de violencia reactiva, Manuela privó de la vida a su esposo, lo que derivó en un proceso penal lleno de irregularidades: nunca contó con un intérprete ni se le permitió ofrecer pruebas desde su detención.
La coordinadora del área de delitos de género del Cedehm María Luisa Salazar Olvera, señaló que cuando conocieron el caso, Manuela ya estaba vinculada a proceso sin que se hubieran considerado las condiciones de violencia que enfrentó.
Ante ello, el Cedehm promovió un amparo que logró la nulidad del procedimiento inicial, al evidenciar la falta de garantías y la ausencia de perspectiva de género y pertinencia cultural en el juicio.
En la nueva audiencia, celebrada el pasado 20 de agosto, la defensa presentó pruebas clave, un peritaje antropológico que demostró la normalización de la violencia en su comunidad y el testimonio de su hija, quien confirmó que las agresiones eran cotidianas.
La jueza reconoció que el homicidio ocurrió en exceso de legítima defensa y dictó sentencia considerando el contexto de violencia estructural y como Manuela ya había cumplido más de dos años en prisión, obtuvo el beneficio de la libertad anticipada.
La reparación del daño aún está pendiente, y el Cedehm gestiona recursos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para apoyar a los hijos de Manuela, quienes también perdieron a su padre.
El caso, según Salazar Olvera, refleja la realidad de muchas mujeres en el Cereso femenil delitos cometidos en medio de ciclos de violencia que no benefician a nadie al ser castigados sin atender las raíces del problema.