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Causa alerta en medios lineamientos sobre derechos de las audiencias

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Ciudad de México.- En un hecho que ha desatado un intenso debate entre concesionarios, analistas y defensores de la libertad de expresión, la representación del Ejecutivo Federal encabezada por Luisa María Alcalde Luján presentó esta mañana los lineamientos y directrices de la legislación sobre los Derechos de las Audiencias.

Mientras la postura oficial sostiene que estas medidas buscan proteger al público contra la desinformación y garantizar el acceso a contenidos veraces y accesibles, diversos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación han calificado la regulación como una "ley mordaza" y un intento del Gobierno Federal por ejercer control editorial sobre la radio y la televisión.

El núcleo central de las nuevas disposiciones establece una estricta separación entre la información periodística y el patrocinio comercial. Conforme a la normativa, los concesionarios de radiodifusión estarán obligados a diferenciar de manera explícita y visual la publicidad del contenido noticioso a través de mensajes en pantalla, plecas o menciones expresas durante las transmisiones, de modo que la audiencia identifique con claridad cuándo se trata de un espacio comercial y cuándo de un segmento informativo.

A la par de la separación publicitaria, la legislación consolida y reglamenta el derecho de réplica, otorgando a las personas la facultad formal de solicitar rectificaciones directas a las concesionarias cuando consideren que se ha difundido información falsa o inexacta que afecte su imagen o reputación. Asimismo, la norma introduce criterios de inclusión obligatorios para personas con discapacidad, exigiendo a las televisoras y radiodifusoras contar con herramientas de accesibilidad, como subtitulaje y representación visual respetuosa e inclusiva para personas con debilidad auditiva.

Uno de los puntos con mayor impacto operativo para la industria de los medios es la obligatoriedad de que cada estación de radio y canal de televisión emita y mantenga actualizado su propio Código de Ética. Este documento deberá incluir explícitamente los derechos de las audiencias, los procedimientos internos para recibir y canalizar quejas, los criterios editoriales de la empresa y los mecanismos utilizados para verificar la veracidad de la información noticiosa difundida.

Para supervisar el cumplimiento de estos códigos, cada concesionaria deberá designar al menos a un Defensor de la Audiencia, figura que actuará como ombudsman independiente y libre de conflictos de interés. En el caso particular de las emisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, se determinó que dicha persona defensora obligatoriamente deberá pertenecer a la propia comunidad, garantizando los principios de imparcialidad, transparencia y objetividad. El procedimiento operativo faculta a la audiencia a presentar quejas directas ante la defensoría, la cual solicitará los informes correspondientes al medio para dictaminar el caso.

Las sanciones, recomendaciones públicas y demás repercusiones legales previstas ante eventuales incumplimientos han encendido las alarmas en el sector periodístico. Críticos y gremios de la comunicación advierten que la facultad del Estado o de órganos reguladores para juzgar la "veracidad" o clasificar contenidos bajo la amenaza de sanciones administrativas constituye una injerencia indebida que contraviene la libertad de expresión. Por su parte, las autoridades defienden el marco legal argumentando que no se trata de censura, sino de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos a recibir información plural, veraz y de calidad.