Nacional

Critican a jueza que vinculo a Ruffo Appel por liberar a Lino Rodríguez

  • Por Editora Dai

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México.– Una intensa ola de señalamientos y críticas se desató en plataformas digitales en contra de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Diversos usuarios e internautas cuestionaron el criterio legal de la juzgadora tras hacer un contraste entre la vinculación a proceso dictada recientemente contra el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y la resolución emitida a favor de Lino Rodríguez González, exfuncionario de la administración mexiquense vinculado al partido Morena.

De acuerdo con las publicaciones compartidas en redes sociales, las acusaciones contra la juzgadora se intensificaron luego de recordar que el pasado 9 de julio determinó no vincular a proceso a Rodríguez González, quien fuera Coordinador General de Gobierno de la Zona Sur-Sureste del Estado de México. El exservidor público había sido detenido a inicios de mes por la presunta comisión de delitos como secuestro, extorsión y delincuencia organizada; sin embargo, Ramírez de la Vega resolvió la falta de elementos probatorios al descartar como inválida la declaración de una de las víctimas que lo señalaba directamente por privación ilegal de la libertad.

Por el contrario, en el caso de Ruffo Appel y siete coacusados más, la misma juzgadora consideró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba suficientes para procesarlo por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol ferroviario. La disparidad en las determinaciones judiciales generó un álgido debate público entre la ciudadanía y figuras políticas, quienes califican a la servidora pública bajo el mote de "Jueza del Bienestar", acusando un presunto trato diferenciado en los juzgados federales según la filiación del imputado.

Finalmente, las opiniones vertidas por los cibernautas señalan que este tipo de fallos judiciales evidencia una presunta protección institucional hacia perfiles afines al grupo en el poder, mientras que se aplica un criterio de estricta severidad contra perfiles de la oposición. Las críticas vertidas en las plataformas digitales sostienen que estas decisiones minan la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, reavivando el debate sobre el uso del aparato de justicia en el contexto político del país.