Solo por la mente del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pasa la idea de que el estado que representa es uno de los más seguros de México.
El sábado 13 de junio, frente a su domicilio, ubicado en la región Mixteca, cuando salía a sus labores diarias, asesinaron a Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal en funciones de San Miguel Amatitlán. Por eso no puede decir Salomón Jara que Oaxaca es uno de los estados más seguros del país, cuando el presidente municipal ultimado este fin de semana había pedido medidas de protección al gobierno estatal, toda vez que recientemente había sufrido un atentado.
El domingo 14 de junio, a menos de 48 horas del asesinato del edil de San Miguel Amatitlán, en la comunidad de San Juan Quiahije, perteneciente a la región de la Costa, específicamente dentro del distrito de Juquila, ocurrió el asesinato de Carlos Orocio Cruz y de su hijo, Celestino Orocio Cruz.
Carlos Orocio Cruz fue presidente municipal de San Juan Quiahije durante el trienio 2023-2025. “A don Carlos se le conocía como un campesino muy trabajador, que sirvió a se le conocía como un campesino muy trabajador, que sirvió a su pueblo de forma ejemplar en cada cargo que se le encomendó”, expresó la autoridad municipal de Santa Catarina Juquila al manifestar sus condolencias a la familia.
El 15 de junio de 2025 asesinaron a Lilia Gema García Soto, edil de San Mateo Piñas. Fue atacada a balazos por un grupo armado mientras se encontraba al interior del Palacio Municipal.
Dentro de la ola de violencia que vive Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz y su grupo de seguridad presentaron, en conferencia de prensa, avances en materia de seguridad, cuando la ciudadanía vive a diario la embestida de la violencia en el estado.
Es una utopía la seguridad en Oaxaca. Dieron a conocer montos económicos, estadísticas y compra de unidades de motor, y todo en el papel se ve y se escucha formidable. Sin embargo, en los hechos, como dijera el expresidente de Macuspana: “¿Quién pompó?”. ¿Quién le compra a Salomón Jara y al grupo de seguridad la falacia de la burbuja en la que está protegido el grupo de funcionarios del gobierno de Oaxaca?
La Fiscalía, presidida por José Bernardo Rodríguez Alamilla como fiscal general del Estado de Oaxaca, dependencia encargada de procurar justicia, no cuenta con recursos para intervenir en las investigaciones en general. No cuenta ni con gasolina para que los agentes de investigación se desplacen a realizar sus diligencias. Han contratado a ministerios públicos inexpertos; a las víctimas les piden datos y que ellas mismas realicen las investigaciones que le competen a la Fiscalía. Las y los peritos no emiten los dictámenes pertinentes en tiempo y forma. Esto se traduce en falta de confianza hacia la Fiscalía y, en muchos casos, las víctimas optan por hacer justicia por cuenta propia.
Existen ministerios públicos que se sienten dueños de la Fiscalía. Es tanta su soberbia que no entienden que son servidores públicos al servicio del pueblo y que devengan un sueldo pagado con recursos públicos. Ese mismo pueblo al que los servidores públicos ningunean cuando acude a buscar justicia. Preguntan hasta por el acta de defunción de quien presenta una denuncia o querella y, muchas veces, las víctimas investigan los hechos por cuenta propia.
Es una cadena de hechos delictivos en los que incurren los ministerios públicos. Otros se pasan las carpetas de un área a otra, causando dilación para las víctimas. No todos: hay algunos muy eficientes y otros muy centaveros.
En el Poder Judicial de Oaxaca ocurre lo mismo. Si una persona requiere realizar un trámite y solicita audiencia con la presidenta del Tribunal, Erika María Rodríguez Rodríguez, ella nunca atiende personalmente. Ordena que la atienda un asesor y, en algunos casos, se busca a la titular porque los mandos medios no tienen la jerarquía ni la capacidad de mando para tomar decisiones. Existen también jueces que protegen a los delincuentes de manera descarada y, si un ciudadano acude a la Visitaduría General, pasan meses para que al final le den la razón al personal del juzgado infractor.
Oaxaca es un estado flagelado por la violencia. Las instituciones de procuración de justicia no actúan, aun cuando las víctimas alertan y advierten a tiempo que están siendo amenazadas, incluso con amenazas evidentes de privación de la vida. El Estado no emite medidas de protección ni siquiera cuando ya existen carpetas de investigación.
En la conferencia de prensa presidida por Salomón Jara Cruz, el martes 16 de junio, en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, informó que Oaxaca se mantiene en el quinto lugar de mayor seguridad a nivel nacional. En dicha audiencia participaron el secretario de Gobierno, Jesús Romero López; Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP); Félix Quiroz Javier, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del Estado de Oaxaca.
La pregunta es si los funcionarios que participaron en esa conferencia de prensa, encabezada por el gobernador de Oaxaca, también están ciegos, sordos y mudos. Desde la comodidad de sus oficinas, con aire acondicionado y refrigerios, presentaron cifras que no reparan el daño causado a las familias de quienes perdieron la vida este fin de semana.
La violencia se acrecienta en Oaxaca mientras los funcionarios de alto y medio perfil cuentan con escoltas personales y protección para sus familiares más cercanos. En contraste, el pueblo vive las consecuencias de la incapacidad del grupo que tiene la obligación de garantizar seguridad.
(Información de Los Ángeles Press)
- Por Federico Guevara
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