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La imposible cacería de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

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La imposible cacería de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

- La conductora y el abogado, acusados de un desfalco millonario y blanqueo de dinero en México, han vivido entre lujos los últimos años en Estados Unidos y ya lograron recuperar el control de sus cuentas bancarias

A pesar de que en México se les considera prófugos de la justicia, la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, miran desde el extranjero cómo las cosas mejoran en su vida. Hace cuatro años y medio huyeron de México, luego de que la Fiscalía les acusó de encabezar un entramado corrupto con el que se desviaron y blanquearon casi 3.000 millones de pesos (unos 145 millones de dólares) de dinero público. Aterrizaron en Estados Unidos, donde la pareja tenía lujosas propiedades. Entonces se emitió una ficha roja de la Interpol para forzar su entrega a México, que no se ha ejecutado. El matrimonio incluso ha recuperado recientemente, gracias a una orden judicial, el control de sus cuentas bancarias, cuyo bloqueo había ordenado la Unidad de Inteligencia Financiera, el brazo antiblanqueo del Gobierno mexicano.

El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga parece tambalear, y no es cosa menor. El abogado es considerado por el Gobierno uno de los grandes arquitectos detrás del modelo de robo de recursos mediante empresas fantasma o factureras, con el que se drenan recursos millonarios del erario. El modelo ha sido replicado en cientos de casos de corrupción y ha sido utilizado por políticos, empresarios, artistas y narcotraficantes, quienes pagan una tajada por usar el andamiaje del fraude. El caso en el que la Fiscalía señala a Gómez Mont y Álvarez Puga, y a un hermano de este, Alejandro, remite a una contratación simulada con la Secretaría de Gobernación en 2016, tiempo en que la dependencia era encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, muy cercano al entonces presidente, Enrique Peña Nieto, del PRI. La Fiscalía acusó que se trató de un modelo de delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y blanqueo.

La investigación, bautizada por el Gobierno, de manera sarcástica, Caso Querubines, documentó que los recursos, que debían destinarse a realizar mejoras en las prisiones del país, fueron transferidos a dos compañías de papel, que no tenían infraestructura ni personal pero simulaban prestar servicios. El dinero luego se dispersó a través de una red de empresas factureras que efectuaron casi 1.500 operaciones bancarias con la finalidad de borrar el rastro de los recursos. La Fiscalía señaló que parte del dinero blanqueado tuvo como destino final las cuentas bancarias de la pareja.

En septiembre de 2021, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga. Un mes después, octubre, se difundió la notificación roja de la Interpol. Pese a ello, la socialité logró en noviembre de ese año que los tribunales anulasen una acusación paralela por defraudación fiscal presentada en su contra por Hacienda. Desde entonces, el matrimonio ha ganado terreno frente a las autoridades mexicanas. Su más reciente triunfo consistió en que un juez ordenase a la UIF sacar a Gómez Mont y Álvarez Puga de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, una medida precautoria que impide a individuos y empresas investigadas acceder a recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita.

La resolución judicial molestó a la Administración de Claudia Sheinbaum, que acusa a la judicatura de corrupción y ha impulsado una reforma para que los jueces sean electos por voto popular. Pablo Gómez, titular de la UIF, ha señalado este martes que la orden judicial “les permitirá [a la conductora y su esposo] hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”. La presidenta Sheinbaum ha tomado el caso como ejemplo de la necesidad de que los jueces sean votados en las urnas el próximo 1 de junio, y ha adelantado que presentará al Congreso una reforma para impedir que las cuentas bloqueadas por la UIF puedan ser descongeladas mediante suspensiones judiciales.

El caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga ha sido objeto de fuego amigo desde dentro del propio Gobierno. En la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades de Hacienda y la Fiscalía batallaron para sacar adelante la acusación contra el matrimonio debido a obstrucciones desde la UIF y la Consejería Jurídica presidencial, según pudo saber EL PAÍS a través de dos fuentes federales. Otro elemento que ha dilatado el avance del caso, señalan las fuentes consultadas, es que hay indicios de que en el negocio de las factureras de Álvarez Puga han participado los hijos de un influyente legislador de Morena, el partido en el Gobierno.

Pablo Gómez ha confiado en que Gómez Mont y Álvarez Puga sean extraditados a México pronto. No es que el paradero de los esposos sea desconocido, pues han dejado rastro documental de su paso principalmente por Florida, Estados Unidos. El matrimonio posee una casa en Miami y otra en Palm Beach, según reveló EL PAÍS a partir de documentos judiciales de cortes de Florida, donde ambos enfrentaron una demanda civil por deudas.

Una nueva revisión a los registros judiciales muestra que, al menos hasta finales de 2023, la pareja habitó un departamento alquilado en la lujosa Art Plaza, en Miami, por el que se le cobraban 2.800 dólares mensuales. La inmobiliaria demandó al matrimonio por falta de pago de la renta. Algunos agentes se presentaron en el piso para intentar hacer el cobro en varias ocasiones, pero no encontraron a nadie. Otro ejemplo de la raigambre de la conductora y el abogado en Miami es que durante algunos años fueron propietarios de la mansión que en los noventa perteneció a la cantante y actriz estadounidense Cher.

 

(Información de El País)